Obstaculizando la modernización educacional

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Por: Percy J. Paredes Villarreal

Durante el siglo XX, en el valle Chicama, la tenencia de la tierra estuvo en manos de tres dueños: Casa Grande, en manos de la familia Gildemeisters, Cartavio los Grace, y Chiclín en manos de la familia Larco; del mismo modo, a partir del año 1968 se implementa la Reforma Agraria del General Juan Velasco Alvarado,  donde estas tres Haciendas se convirtieron en Cooperativas Azucareras de Casa Grande y Cartavio.

Dentro de estas dos etapas, tanto en la hacienda como en el sistema cooperativo, las políticas sociales eran asumidas tanto por el patrón como de la empresa. Es decir asumían toda la responsabilidad en  la educación, salud, servicios básicos, etc., en favor de las familias que laboraban en estas empresas.

Uno de los temas importantes se relaciona a la educación, al cual se les denominaba escuelas fiscalizadas, donde los hacendados y posteriormente, como cooperativas, asumieron la responsabilidad de cubrir el costo y financiamiento de esta.

La educación Inicial y Primaria, fue brindado por los hacendados; a fines de la Hacienda e inicios del cooperativismo, se incorpora la educación secundaria. Donde todos los hijos de los trabajadores (empleados, obreros) acudían a los locales para estudiar.

La característica estaba centrada en que ambos sistemas (hacienda y cooperativa), cubrían  alimentación, uniformes, útiles escolares, para los niños del nivel inicial y primaria, que acudían a estudiar; asimismo, se construyeron infraestructura para que los niños puedan estudiar, y también contrataban a los profesores y personal administrativo.

El cooperativismo y sus beneficios sociales, culmina con el cambio de modelo empresarial en la década de los 90 del siglo pasado; donde a pesar de la resistencia de los trabajadores de no cambiar dicho modelo, fueron obligados a vender sus acciones y tener un nuevo patrón. Este modelo vigente es más individualista, dejando de lado el aspecto colectivo y comunitario.

Antes del proceso de cambio de modelo empresarial, se comenzó a realizar el proceso de transferencia, particularmente se realizó en el aspecto educativo,  pasando al Estado los docentes; pero, la infraestructura siguieron en manos de la empresa privada; ya que, los actuales dueños de la empresa, compraron las acciones mayoritariamente, asumiendo el activo y pasivo.

Fue un error del sector educativo no solicitar la transferencia de las infraestructuras educativas para que este bajo su responsabilidad; ya que actualmente se encuentran en situación deteriorada y en malas condiciones, por su antigüedad. Por lo tanto, en estos últimos años se ha convertido en un problema; ya que tanto los gobiernos locales, como los gobiernos regionales y nacional, no puede invertir ni mejorar en estos locales educativos, porque es propiedad privada y por lo tanto la inversión pública está prohibido.

En estos últimos tiempos la empresa azucarera, que está en manos del grupo Gloria, y que ha monopolizado la agroindustria en el Valle Chicama; de acuerdo a su concepción no tiene la voluntad de transferir estos locales educativos a los gobiernos locales; ya que, busca negociar esta transferencia a cambio del pago de sus impuestos prediales que esta debe aportar obligatoriamente a los gobiernos locales.

Existe una experiencia del gobierno local de Casa Grande, durante la gestión del ex – alcalde Alejandro Navarro Fernández, quien pudo recuperar 9 Instituciones Educativas, que estaban en manos de la empresa privada pasándolo al gobierno local; luego fueron transferidos al sector educacional. De esa manera, se pudo invertir en estas instituciones educativas. Esa negociación no implico cambiarle por impuestos prediales, sino mediante gestión y dialogo.

En estos momentos existen problemas en las instituciones educativas de Cartavio, cuyos propietarios es la empresa privada; lo cual, el Estado y los gobiernos locales no pueden invertir. Por lo que, en estos momentos los miembros de la Institución Educativa (Directora, Docentes, Padres de Familias y Alumnos), comienzan a movilizarse para exigir la transferencia.

En este proceso de movilización que viene realizando la comunidad educativa “Olga Pereda” a la empresa Cartavio, donde le está pidiendo la transferencia del Local hacia el gobierno local, esta última brilla por su ausencia; ya que, hasta la fecha no hace gestiones para que  les transfiera estos locales que son muchos. Y así, poder mejorar su infraestructura.

Ese es el gran reto de los gobiernos locales, si es que tienen una visión de desarrollo; de esa manera mejorarían la calidad de educativa. Solamente le queda al pueblo de Cartavio solidarse con la I.E., y exigir la transferencia de todas las infraestructuras a los gobiernos locales.

Foto: www.larepublica.pe

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