Mineros ilegales del cerro El Toro buscan destitución de gerente de Energía y Minas en La Libertad

Pidieron a  consejera Jennifer Catalán intervenga ante el gobernador regional, Manuel LLempén, para que retire de su cargo a Raúl Araya y a otros dos funcionarios.

Trujillo, 5 de octubre. Los mineros ilegales que operan en el cerro El Toro, en el distrito de Huamachuco,  que durante años han provocado muertes  y la contaminación  con insumos químicos letales, buscan a toda costa frenar las acciones de fiscalización y control  que se han iniciado en contra de sus ilícitas actividades en esa convulsionada zona de la provincia de Sánchez Carrión.

Estas mafias han dirigido un documento al Consejo del Gobierno Regional de La Libertad, mediante la consejera regional Jennifer Catalán, en el que pidieron la destitución del gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Raúl Araya Neyra, y  dos de sus funcionarios por los  operativos  que se realizan a las operaciones mineras en el convulsionado cerro El Toro por haber seguido con sus actividades extractivas en pleno estado de emergencia sanitaria.

Al respecto,  el gerente de este ente regional, Raúl Araya, confirmó que entre los que buscan sacarlo de su cargo figura el propietario de la empresa Minerals Doña Julia S.A.C, que  se niega a paralizar sus labores exponiendo la salud del personal, desacatando de esta forma la medida cautelar dictada en su contra mediante resolución N.° 140-2020 -GRLL-GGR/GREMH que ordenaba la inmediata suspensión de sus actividades.

“Tengo entendido que hay un documento de la minera artesanal Minerals Doña Julia dirigida a la consejera por Sánchez Carrión, Jennifer Catalán, que lo han enviado la semana pasada; también han enviado una copia a la gerencia general del Gobierno Regional pidiendo mi destitución. Esto se debe a que pese al estado de emergencia, se comprobó en un operativo, que esta compañía seguía con sus actividades y no cumplía los protocolos de bioseguridad”, aseveró Araya.

Durante la inspección a la mencionada labor minera, los funcionarios del área de Fiscalización de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos encontraron gente trabajando sin respetar los protocolos sanitarios dispuestos por la Covid-19. Además, se evidenció que la empresa pone en  grave riesgo la vida de su personal  debido a que no cuentan con todos sus Equipos de Protección Personal (EPP) y, sobre todo, porque extraen el oro al interior de un  socavón cuya estructura es inestable y están expuestos a inhalar gases tóxicos.

Todo quedó plasmado en el informe N° 0003 – 2020 -GRLL-GGR/GREMH-JJRR-MFIR, en el que se alertó que los residuos sólidos de los químicos que usa la minera para extraer el mineral no se depositan en recipientes adecuados. Incluso, el lugar donde se almacenan los  relaves no cuenta con las mínimas medidas de seguridad para el cuidado del medio ambiente.  Asimismo, según el informe, se advierte que tampoco se ha implementado  protección a fin de prevenir que las aguas de las lluvias arrastren los sedimentos de relaves y estos lleguen a un  canal de regadío que se ubica al pie de la operación minera.

El informe concluye que la labor minera Minerals Doña Julia S.A.C no cuenta con  las mínimas medidas de seguridad para el cuidado del medio ambiente, y de seguridad y salud ocupacional en minería.  En ese sentido,  se dispone comunicar a la  mencionada empresa, la paralización inmediata de sus operaciones de explotación subterránea y se inicie un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS)  debido al inadecuado manejo de los residuos sólidos.

Araya Neyra  manifestó que cuenta con el respaldo del gobernador regional Manuel Llempén Coronel porque su actuar se basa en el respeto a los lineamientos legales. “Nosotros seguiremos fiscalizando a través de inspecciones para que la minería ilegal no siga contaminando el medio ambiente. Mi continuidad en el cargo no depende de lo que diga una empresa o un minero, sino de que el gobernador regional evalúe mi trabajo. No por algo, dentro del proceso de formalización minera, somos los segundos en el país después de Puno”, acotó Raúl Araya.

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