Gobierno Central Traspasa Mayor Porción de Impuestos a Municipios (FONCOMUN)Mediante Reforma del IGV y IPM
A partir del primer día de 2026, entra en vigencia una modificación legal que redistribuye la recaudación tributaria, incrementando los fondos destinados a las municipalidades sin aumentar la carga al contribuyente. La medida, establecida por la Ley N.° 32387, busca fortalecer la autonomía financiera local, pero pone el foco en la capacidad de gestión y transparencia de los gobiernos locales.
Este 1 de enero de 2026 marca el inicio de un cambio sustancial en el financiamiento de los gobiernos locales en el Perú. La Ley N.° 32387, promulgada en junio del año pasado, ha comenzado a regir, modificando la estructura de dos impuestos clave: el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM). El objetivo central es claro: transferir progresivamente más recursos del Gobierno Central a las arcas municipales a través del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
El mecanismo de la reforma es técnico pero de consecuencias prácticas directas. La ley establece un incremento gradual de la tasa del IPM, que pasará del 2% al 4% entre enero de 2026 y diciembre de 2029. Simultáneamente, y de manera compensatoria, la tasa del IGV se reducirá del 18% al 16% en el mismo periodo escalonado. Es fundamental subrayar que esta operación no representa un aumento de la presión fiscal para las personas o las empresas. La suma combinada de ambos tributos se mantendrá constante en 18%. Se trata, en esencia, de un rebalanceo interno: un porcentaje de lo recaudado que antes se quedaba en el Tesoro Público ahora será derivado automáticamente al FONCOMUN para su distribución entre todas las municipalidades del país.
El FONCOMUN es el principal instrumento de redistribución territorial de recursos en el Perú. Estos fondos son vitales para que las municipalidades, especialmente aquellas con baja capacidad de generar ingresos propios, puedan financiar sus funciones y proyectos. Con esta reforma, se espera que los alcaldes cuenten con mayor certidumbre presupuestaria para planificar obras de infraestructura menor, mejorar servicios públicos locales (como limpieza, parques y mercados), y ejecutar programas sociales con una fuente de financiamiento más robusta y predecible.
No obstante, el incremento en la transferencia viene acompañado de un renovado y enorme desafío: la gestión eficaz y transparente de estos recursos. Sectores de la sociedad civil, analistas económicos y hasta voces dentro del propio sistema político han alzado la voz para preguntar si la estructura administrativa de muchas municipalidades está preparada para absorber y ejecutar eficientemente este mayor flujo de dinero. El fantasma de la subejecución presupuestal, la opacidad en las licitaciones y los casos de mala administración en algunos gobiernos locales ponen una nota de cautela sobre el optimismo que genera la medida.
El éxito de esta política, por lo tanto, será bifacético. Por un lado, se evaluará por el volumen efectivo de recursos transferidos, lo que en teoría debería traducirse en más y mejores obras y servicios a nivel distrital y provincial. Por otro lado, y quizás más importante, se medirá por la capacidad de las municipalidades para demostrar una gestión impecable, con rendición de cuentas clara y resultados visibles para el ciudadano. La reforma tributaria ha movido la pieza de los recursos; ahora corresponde a los gobiernos locales demostrar que pueden jugar mejor la partida del desarrollo local.
