El Congreso es la única entidad pública que designa a su propio auditor interno. Penosa excepción debe terminar para transparentar gestión.

Por: Gloria Montenegro

 En las último días, la promulgación de la Ley No. Ley 30472 Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República,  ha causado una profunda polémica, al reformar  el artículo 19 de la Ley 27785, Ley Orgánica de la Contraloría, estableciendo una penosa excepción en el Sistema Nacional del Control del Gasto Público, que permite que el Congreso de la República, sea la única entidad   en todo el Sistema Nacional de Control, que designa a su Jefe del OCI (Órgano de Control Institucional) o Auditor Interno.

Cabe precisar, en nuestro sistema jurídico, dichos órganos son parte de la estructura de la Contraloría General de la República con la altísima función de fiscalizar por la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control.

Es por tal motivo que los Jefes del OCI no deben ser dependientes del empleador, jerárquica ni funcionalmente, en la medida que esto puede afectar la autonomía fiscalizadora de tales Órganos de Control.

En el caso del Congreso de la República existe un agravante específico. Es la única institución en todo el Estado peruano, que goza de plena autonomía para determinar el monto de su presupuesto y decidir igualmente de manera autónoma en que y como lo gasta. Recordemos que hace algunos meses, el Congreso repartió con su presupuesto ayuda en los últimos desastres naturales, ejecutando un gasto, hasta la fecha poco esclarecido. Lo mismo ocurrió con una frustrada compra de computadoras.

Es por tales consideraciones, que en nuestra postura de lucha en favor de la transparencia en la gestión pública y contra toda forma de corrupción, hemos presentado el día 4 de abril, el Proyecto de Ley No 2643/2017- CR, que plantea modificar el artículo 19 de la  Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,    estableciendo que ninguna entidad estará exceptuada de la designación de los jefes de los órganos de control institucional, a cargo de la Contraloría y Eliminando en esta misma propuesta, la excepción que establecía el artículo 39° del Reglamento del Congreso, norma con rango de ley que autorizaba a la Mesa Directiva a nombrar a estos funcionarios, a simple propuesta del Presidente del Congreso.

Desde nuestro punto de vista, el Congreso no puede ser una isla dentro del sistema de control y fiscalización del uso de los recursos de todos los peruanos. Maneja un presupuesto importante y por lo tanto debe fiscalizarse ese gasto por el órgano constitucional competente que es la Contraloría.

La designación de un profesional independiente, totalmente capacitado y ajeno al poder Legislativo, será garantía de un control transparente de las adquisiciones que se realizan, lo cual redundará en mejorar la imagen y confianza ciudadana en el Congreso de la República, cuyo nivel de aprobación ciudadana, no pasa precisamente por su mejor momento.

Por cierto, mal puede sostenerse, que la designación del jefe del OCI afecta   la autonomía del Congreso, por cuanto dicho Órgano de Control Institucional   forma parte del Sistema Nacional de Control, razón por la que esperamos se apruebe en el Pleno nuestra propuesta legislativa con la misma diligencia y prontitud que se hizo con otros Proyectos de Ley que no tuvieron, precisamente, la misma premura. El Perú así lo espera.  

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