Contrato para compra de 137 cámaras presenta irregularidades
Comisión Especial investigará tema.
En sesión extraordinaria de concejo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Ing. Daniel Marcelo Jacinto, reveló que el proceso de contratación que se realizó para la adquisición de las 137 cámaras de videovigilancia, durante la gestión anterior, presenta vicios.
El burgomaestre trujillano informó al pleno que este proceso se ha encontrado ya licitado, por lo que solo faltaba darle continuidad para consentir la buena pro y proceder a la firma del contrato con el ‘Consorcio Integración de Tecnologías Inteligentes’, la misma que está conformada por cuatro empresas; sin embargo, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la comuna provincial, revisó la documentación y encontró una serie de irregularidades, quedando anulada la firma del contrato.
“El contratista tenía que cumplir con ciertos requisitos, pero no fue así. Ellos, habían modificado la participación de los consorciados en su propuesta. Primero, indicaban cierto porcentaje para cada uno y luego, en el contrato, ya no estaban, y de acuerdo a la Ley de Contratación esto no está permitido. Tampoco señalaban su dirección electrónica, es decir no se les pudo notificar porque han mutilado esa parte. Esto hace que se invalide el procedimiento de selección”, detalló el alcalde provincial, Ing. Daniel Marcelo Jacinto.
La autoridad edil acotó, además, que el proceso podría retroceder hasta su fase inicial, a fin de revisar el proyecto de manera minuiciosa por haber sido cuestionado el año pasado.
“Cuestionado no solo en el procedimiento para la buena pro, sino por su posible sobrevaloración. Son 137 cámaras con un presupuesto de 18 millones de soles. Varios alcaldes opinaban, en su momento, que una cámara como máximo debe costar 60 mil soles. Aquí, están cobrando el doble”, enfatizó Marcelo Jacinto.
En este sentido, se conformó una Comisión Especial de Investigación, presidida por el regidor Andrés Sánchez Esquivel, la que se encargará de examinar el tema en 60 días. Cumplido el plazo, se emitirá un informe al pleno del concejo para se tenga conocimiento de los pormenores de este procedimiento, tanto en el tema administrativo como presupuestal.
