La doble cara de la formalidad laboral.

Por: Abg. Gloria Katherine Astolingón Goycochea.

A puertas de nuestro amanecer el pasado 16 de diciembre, Lima, más gris que nunca, anuncia en sus telediarios la trágica muerte de dos jóvenes trabajadores en el conocido restaurante de comida rápida Mc Donald´s – Sede Pueblo Libre,  afectados por una descarga eléctrica en el ejercicio de sus labores de limpieza dentro de las instalaciones de la empresa, hecho que de manera incuestionable constituye una vulneración a los protocolos de seguridad establecidos en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este cuestionable suceso, no solo debería generar conmoción social, sino deberá despertar alto grado de concientización y análisis sobre la marcha y funcionamiento legítimo de nuestras instituciones públicas competentes, tales como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Ministerio de Trabajo, Municipalidades y el Ministerio Público a fin de determinar responsabilidades y con ello mitigar futuros escenarios semejantes contra los trabajadores de nuestro país.

Constituye un hecho lamentable que en pleno siglo XXI nuestro Estado Peruano a través de sus instituciones reconozca que la génesis de marcos normativos en materia laboral sean posterior a la lucha incesante de los trabajadores frente a prácticas ilegales  para exigir reconocimiento de sus derechos, como se ha realizado a lo largo de nuestra historia o que para justificar nuestra institucionalidad tengamos que visualizar plataformas con este tipo de eventos funestos que inciden directamente en los altos niveles estadísticos de la disfrazada formalidad empresarial.

Entonces, cuál sería la solución para evitar la concurrencia de este tipo de eventos, inicialmente ya se conoce que se iniciarán los procedimientos de investigación para determinar las responsabilidades dentro del ámbito administrativo, civil y penal por parte de la empresa involucrada, sin perjuicio de conocer las cuantiosas ofertas económicas por concepto de indemnización que seguramente se verán materializadas posterior a una ardua batalla legal; propuestas y acciones que únicamente generarán consigo un hondo suspiro de alivio y ligera aceptación  a sus deudores y dentro de nuestro Estado, este caso común y usual aumentará el índice estadístico de la tasa de multas y sanciones impuestas por SUNAFIL por acreditarse el incumplimiento de las normas socio laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

No obstante, debe tenerse en cuenta que la gestión en políticas de salud y seguridad en el trabajo, responde al incremento de la actividad empresarial y al crecimiento económico del país, con lo cual acrecienta nuestro sistema normativo para exigir el cumplimiento riguroso de protocolos y evitar accidentes súbitos y riesgos laborales, por lo cual, debe entenderse que darle un alcance legítimo a dichas políticas no solo debería generar la  imposición de elevadas sanciones pecuniarias para aparentemente reducir la tasa de informalidad y justificar la labor inspectiva. Por el contrario, urge que las instituciones competentes deban implementar políticas públicas de prevención, cuya incidencia deberá centrarse en fortalecer la eficacia de las medidas correctivas, a fin de controlar que conductas negligentes sean corregidas o resarcidas de manera oportuna y eficiente, ya que comúnmente son generadas en el ejercicio de actividades empresariales que garanticen la no concurrencia de hechos que expongan al trabajador a situaciones de riesgo, considerando que estas acciones deberán ser implementadas y reguladas por nuestro ente fiscalizador estatal a través de visitas periódicas que garanticen el cumplimiento de nuestras normas en materia de seguridad y salud, generando con ello gran destaque en la reducción de procesos sancionatorios, que a todas luces no constituye una solución integral a nuestro nivel de informalidad en materia laboral.

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