Comunidades de Huamachuco: amenazadas por segunda ola del  coronavirus y la minería ilegal

DOBLE AMENAZA.  Mineros ilegales han intensificado su actividad extractiva de oro y movilizan hombres, mujeres y  hasta niños de otros distritos para emplearlos en socavones sin cumplir protocolos sanitarios.  Comunidades aledañas temen expansión de la Covid-19.

Huamachuco, 7 de febrero. La provincia de Sánchez Carrión  a la fecha registra un incremento de casos positivos de la Covid-19 con 3,775 contagios. A pesar de ello, mineros ilegales establecidos en el cerro El Toro continúan llevando a cabo sus actividades extractivas de oro sin respetar los protocolos sanitarios, convirtiendo a la zona en un posible  foco de contagio del mortal virus.

En los caseríos aledaños a estas labores mineras  como Coigobamba se registra 9 casos,  en El Toro 13 y en Shiracmaca 62 casos sumando en todo el distrito de  Huamachuco 3,140 contagios del virus, según el último  informe de la Sala Situacional de La Libertad.  Estas poblaciones temen que la segunda ola de la Covid-19 expanda más contagios  en sus  territorios,  debido a que las labores mineras de la zona han intensificado sus operaciones y siguen burlando  las medidas de salud para frenar al coronavirus.

Los pobladores denunciaron que los líderes  de la minería ilegal en Huamachuco han incrementado el traslado de  personas y  camiones sin control alguno  a través de los caseríos, especialmente en Shiracmaca donde Jorge Espejo Moreno y Oswaldo Alva Polo – dos reconocidos mineros ilegales – pretenden ser autoridades vecinales.  “Los traen desde provincia  de Pataz y de otros distritos de nuestra provincia ante la inacción de las autoridades comunales. Posiblemente porque los ilegales arreglan todo con amenazas y dinero”, alertó un poblador.

Desde el último  miércoles se notó un evidente aumento del número de camiones y gente extraña en las zonas donde los socavones se ocultan tras los eucaliptos.  Los comuneros captaron imágenes  de cómo se trabaja en esas labores clandestinas. Sin ningún tipo de protocolo sanitario, las personas llegan hasta el lugar para trabajar en los socavones, manipular cianuro y al parecer hasta denotar dinamita.

En las fotografías,  en una de las labores mineras de los hermanos García,  se observan pozas de cianuro que contaminan el medio ambiente; así como a un grupo de trabajadores, en su mayoría, sin hacer uso de mascarillas. Incluso, se observa a adultos mayores y hasta  niños que transitan por el lugar expuestos no solo a los químicos, sino también  a contraer el coronavirus.

El temor por el contagio de la  Covid-19 ha puesto en alerta la salud y la seguridad de las comunidades asentadas en los alrededores que viven en constante peligro.  Ninguna autoridad del rubro sanitario tampoco se atreve a ingresar a la zona.

Pobladores lamentaron que no reciben apoyo y menos de las dirigentes que dicen ser defensores del medio ambiente. También están los que viven en los caseríos y reciben dinero, presuntamente,  de la minería ilegal para crear conflictos. “Estoy para luchar por mis hermanos”. Esas son las palabras que se repiten una y otra vez. Pero ninguna contra la minería ilegal, ni contra  los dueños de labores mineras, que incluso son pastores evangélicos,  y   se rasgan las vestiduras en el ande liberteño y que en Trujillo son gerentes de colegio o de corporaciones, cuestionaron los comuneros.

A pesar de los esfuerzos por erradicar la minería ilegal, el fenómeno sigue creciendo. El Estado Peruano enfrenta un grave problema con la minería ilegal. Sus políticas de erradicación han sido un total fracaso, especialmente en la provincia de Sánchez Carrión. Las entidades responsables han evadido su responsabilidad y no han sido capaces de terminar con esta actividad que contamina el medio ambiente y causa efectos sociales terribles, como la explotación sexual, trata de personas, condiciones laborales ínfimas y un despreciable trabajo infantil.

La minería ilegal es una actividad muy lucrativa que compra conciencias. Según se estimó hace un año, esta actividad mueve más de 2,900 millones de dólares al año. Es una actividad  que genera mayores ganancias que el narcotráfico. Y la tarea de erradicarla debe ser cumplida con firmeza por el Estado, sus fuerzas de seguridad y trabajando con las comunidades afectadas, protegiendo sus derechos e integridad. Es la manera de terminar con ella.

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