Crimen y castigo. incentivos perversos
Por: Francisco Huerta Benites[2]
institutoeconomia@iee.edu.pe
En el Perú la corrupción desplazó hace tiempo a la inseguridad ciudadana en las encuestas como el principal problema. Por ejemplo, de las 100 recomendaciones que presentó la “Comisión Presidencial de Integridad”[3] (diciembre 2016), 70 no se han implementado aún, ya sea por el Ejecutivo, el Congreso o el sector empresarial. En tanto, 30 sí fueron consideradas en los decretos legislativos que emitió el gobierno de PPK, aunque 17 de ellas de manera parcial y solo 13 en forma plena (EC-Primer Informe “Observatorio de Integridad”).
Mientras, por ejemplo, los “responsables” directos contra la corrupción, siguen debatiendo la relevancia y cambios en el DU 003, y algunos de los grandes proyectos siguen una ruta cuestionable, desde el punto de vista de la sociedad. La corrupción tiene un costo no menor al 2% del PBI solo como costos directos, porque los efectos indirectos, entre ellos el deterioro de la institucionalidad, la falta del cumplimiento de metas sociales y la desigualdad social son incalculables[4].
Las instituciones y reformas necesarias
La evidencia internacional más reciente muestra de manera fehaciente, la importancia que puede tener el cambiar al mismo tiempo tanto las reglas del juego (leyes y regulaciones) como las organizaciones que vigilan el cumplimiento de esas reglas cuando se implementa una reforma[5].
Así, cuando los delitos aumentan, los países se apresuran a incrementar las sanciones. Pero sin fuerzas policiales reformadas o aparatos judiciales mejorados, puede que esas sanciones no se ejecuten. Como resultado, en numerosos países de AL, las dos terceras partes de los detenidos todavía esperan ser juzgados (BID, octubre 2017). El Perú es un ejemplo destacado en ello, no sólo en crecimiento del PBI.
Una referencia a mirar con atención es Uruguay. La clave del éxito de este país, al menos hasta ahora, es que ha hecho algo diferente: abordó simultáneamente los cambios en las reglas y las regulaciones y en las organizaciones que vigilan su cumplimiento[6]. Hay ejemplos buenos en temas tributarios y presupuestales, entre otros.
En lo que sigue enfatizaremos en el enfoque económico, para explicar del porqué las personas cometen crímenes (expresión general de todo delito y violencia).
Análisis económico del crimen
Las teorías de la economía del crimen, plantean la necesidad de entender cómo cambiar los incentivos para hacer menos atractivo el delito. El análisis económico supone que los criminales son racionales en el sentido de que ellos miden los costos y beneficios de sus acciones, y que el crimen puede ser disuadido mediante políticas que reducen los beneficios del crimen vis-a-vis los de las actividades legales[7].
Es decir, el crimen puede disuadirse si aumenta la rentabilidad de actividades legales (por ejemplo, si criminales pudieran conseguir un trabajo legal con beneficio neto mayor que el crimen), o si se manipulan las probabilidades de arresto y la condena para hacer el crimen menos atractivo. Si bien este es solo uno de los enfoques posibles para entender las decisiones de los agentes, es lo suficientemente general como para poder interpretar otros enfoques.
Asignación de recursos contra el crimen y resultados
La cuestión económica clave en relación a los costos de la reducción del crimen se centra en qué cantidad de recursos deben destinarse a combatir el crimen y en cómo asignar esos recursos entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal, como la policía, los tribunales y las cárceles. Estos costos se deben compensar con los beneficios que genera la política de lucha contra el crimen. Debido a que se requieren recursos costosos para disuadir el crimen, la cantidad óptima de crimen, desde una perspectiva social, es muy probable que sea positiva.
Un aspecto central aquí es si el crimen se reduce porque las personas que han cometido actos criminales son capturadas, condenadas y castigadas, o también porque los delincuentes potenciales son disuadidos de cometer actos criminales.
Severidad y certeza del crimen
Puede ser útil además suponer que los criminales reconocen que el castigo no se produce el 100% de las veces, sino que dividen el castigo en sus dos componentes básicos: la severidad y la certeza. La severidad del castigo se refiere a la sanción final que el criminal enfrenta[8]. La certeza del castigo tiene en cuenta las probabilidades de captura y condena[9]. Independientemente de qué tan severa es la pena, para lograr su cumplimiento se requiere que los criminales sean aprehendidos y condenados.
Así, para los efectos de medir efectivamente el castigo, tendríamos que tener en cuenta tanto su certeza como su severidad. Debido a que la sanción no ocurre con certeza, el criminal enfrenta sólo una pena esperada, la cual es menor que la sanción real (probabilidad de recibir la pena multiplicada por el tamaño de la pena).
Un criminal racional evalúa costos y beneficios. Evidencia empírica
De la comisión de un delito, y comete el mismo sólo si los beneficios superan a los costos. Por lo tanto, los criminales responden a los cambios en su entorno, si cometer un delito se vuelve más costoso, se cometerán menos delitos. La certeza y severidad de la pena son, nuevamente, el núcleo de análisis racional del crimen[10]. Si esto es cierto, en la búsqueda de una política social para disuadir el crimen, las autoridades pueden afectar la tasa de criminalidad mediante la manipulación de los elementos que conforman la pena esperada[11].
El Estado, entonces, debe decidir cuantos recursos destinar a combatir el crimen y cómo distribuir esos recursos entre medidas que afectan la probabilidad de castigo y otras que inciden sobre su severidad. Por ejemplo, hay estudios que encuentra que los criminales parecen ser más sensibles a cambios en la certeza del castigo que a cambios en la severidad. Las implicancias de este tipo de análisis son muy importantes ya que en los contextos en que fueran ciertas, el análisis costo-beneficio sugiere que sería eficiente reasignar recursos a incrementar la probabilidad de ser aprehendido en vez de asignarlos a implementar penas más duras (S. Galiani y L. Jaitman, 2014)[12][13].
Francisco Huerta Benites
Instituto de Economía y Empresa
Ongd “Ciudad Feliz”
Lima, 25 octubre 2017
[1] Es un artículo del Instituto de Economía y Empresa (IEE), y que trata de temas diversos de economía, desarrollo y negocios. Usualmente son escritos debido a la importancia coyuntural y estructural del tema, y/o a solicitud de publicaciones impresas y digitales de diversas instituciones del país. Los números anteriores de serie Artículos, de serie “AZ” (117 ediciones) de “temas de desarrollo”, y otros artículos en diversos medios, se pueden hallar en www.iee.edu.pe
[2] El autor es director/consultor/investigador del IEE. Actualmente desarrolla asesoría, consultoría y competencias a clientes corporativos.
[3] Podrían verse.: http://www.iee.edu.pe/doc/Servicios/EPP/Comision_Presidencial_Integridad_Corrupcion-InfFinal-2016.pdf; y http://www.iee.edu.pe/doc/Servicios/EPP/OCDE-Peru-estudio_sobre_integridad-2016.pdf. Deben ser fuentes de debate en Perú.
[4] “Corruption: Costs and Mitigating Strategies”, IMF. May 2016.
[5] Es decir, es absurdo darle más presupuesto, por ejemplo, al poder judicial si este no se reforma al mismo tiempo, similar es para los gobiernos subnacionales, y los diferentes sectores a nivel de gobierno central. No habrá resultados efectivos, a los más cambios marginales, pero que son mostrados mediáticamente. Es la evidencia, ¡se quiere más pruebas!.
[6] Los cambios en Uruguay se fundamentan en un tránsito hacia un esquema de funcionamiento de la economía y de la sociedad basado en la conformación de reglas transparentes, con estructuras de estímulos más consistentes y una institucionalidad de acceso abierto, más que en la preponderancia de la opacidad, reglas confusas con incentivos inconsistentes y una utilización más discrecional del poder asociada a la atención de intereses particulares (M. Vergara, 2017), ¿Se puede hacer ello en el Perú?.
[7] Este análisis supone que los criminales son individuos que actúan racionalmente, como cualquiera otro individuo, y buscan maximizar su bienestar. Lo que los distingue es que encuentran óptimo realizar actividades ilegales. Es decir, los criminales miden en términos monetarios los incentivos de realizar actividades legales e ilegales y encuentran que les resulta más rentable dedicarse a estas últimas. Sin embargo, establecer este concepto mínimo de racionalidad es pedir demasiado poco. Existe un criterio adicional para juzgar la racionalidad de la elección de un individuo (sea este o no un criminal): que sus elecciones no se contradigan.
[8] Una pena de prisión o una multa monetaria son dos tipos de sanciones diferentes. A mayor sentencia de prisión, o a mayor multa, más severo es el castigo.
[9] Para manipular estas probabilidades, las autoridades pueden, por ejemplo, contratar a más policías, utilizar técnicas de investigación más sofisticadas, dedicar más recursos para aumentar la eficiencia de la justicia y procesar rápidamente a los culpables, etc.
[10] Así, los modelos económicos del crimen predicen que un aumento en la pena esperada disminuye la tasa de criminalidad, mientras que una disminución en la pena esperada eleva la tasa de criminalidad.
[11] Naturalmente, para que el análisis racional del crimen tenga mérito, es necesario que al menos una fracción de los criminales tenga en cuenta la pena esperada que enfrentan y actúen racionalmente. En última instancia esto es una cuestión empírica.
[12] Bajo el prisma de la economía del crimen, la muy baja probabilidad de castigo en ALC es consistente con las elevadas tasas de crimen que se observan en la región en comparación con el mundo desarrollado en donde los potenciales criminales racionales son disuadidos, entre otras cosas, por una mayor probabilidad de aprehensión y de ser condenados.
[13] Lo realmente grato de todos estos estudios es saber que estos temas son del interés de buenos investigadores. Y, aunque algunos no son determinantes para definir las causas delictivas, sí que son una buena herramienta para tomar decisiones y distribuir de forma adecuada los ingresos que se destinan al combate del crimen (TEC, Guadalupe y Fuentes, U.C. de Madrid). En el Perú se han gastado ingentes cantidades de recursos contra el crimen, pero los resultados son muy menores. La ciencia económica podría ayudar a mejores resultados.