Unidas jamás serán vencidas
Por: Yuri Rodríguez Tejada
El rostro mutilado a golpe de Lady Guillén, con la ceja abierta de un mordisco y los ojos hinchados y amoratados, se convirtió en la semana última en un símbolo de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, y que en el 2012 la tuvo entre sus víctimas. Durante un año soportó repetidas golpizas de Ronny García, que una noche estuvo a punto de asesinarla, infligiéndole azotes una y otra vez su cabeza contra la pared. Menos mal escapó, y denunció lo ocurrido ante la justicia y los medios de información. Sin embargo, el Poder Judicial pareció confabularse con su victimario. Primero lo dejó libre por exceso de reclusión, y hace unos días lo absolvió del delito de secuestro, imponiéndole una condena de cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
Tampoco le fue mejor a Arlette Contreras. En una escena que parecía salida de las peores películas de violencia, se ve a Adriano Pozo (su expareja) desnudo y fuera de sus casillas, que la golpea con puñetes y con patadas, mientras la amenaza, la insulta y la arrastra de los cabellos por el piso de la recepción de un hostal. En un fallo que limita el ridícula, a pesar de las contundentes evidencias y la gravedad de los hechos, el juzgado de Ayacucho condenó a Pozo a solo un año de prisión suspendida y al pago de cinco mil soles de caución, argumentando que la fiscalía no había logrado probar que hubiera tentativa de homicidio e intento de violación sexual.
¿Qué hay detrás de esta clase de fallos? ¿Por qué el Poder Judicial peruano es capaza de condenar a seis años de cárcel a quien forcejea con un policía, pero deja a libre a quienes golpean a una mujer?
Detrás de estos fallos no hay más que probables explicaciones. La primera y más comentada, es la corrupción. Pero la segunda es incluso más preocupante, porque recorre y parte a nuestra sociedad. Aún quedan muchos peruanos (entre ellos más de un juez) que siguen creyendo en la mujer como un ciudadano de segunda categoría, que debe vivir subyugada a los designios y caprichos de su pareja o sometida a vejaciones de su jefe, está obligada a encargarse de la crianza de los hijos y los quehaceres del hogar en condiciones de casi servidumbre, o sostener relaciones sexuales cada que se le ordena, y pueda ser puesta en evidencia, cuando incumple sus obligaciones se muestra independiente o se pone respondona.
En lo que va del año, 54 mujeres murieron producto de feminicidio y 118 consiguieron salvarse. La penosa labor de los juzgados peruanos frente a este sigiloso genocidio ha despertado una necesaria manifestación de indignación ciudadana, azuzada por la campaña ‘Ni una menos’, en donde el evento central será la marcha del 13 de agosto. Ojalá seamos miles, para que no se vuelva a repetir.
Fuente: Diario La Industria. (01/08/16)
