Una nueva insurrección de los pueblos de México
Por: Israel Jurado Zapata[1]
Durante el siglo XIX, en México como en otras partes del continente americano, el proceso de conquista tomó nuevos bríos ante la decadencia y el fin del viejo régimen, que no había podido apoderarse de las extensas tierras de los nómadas cazadores-recolectores de las planicies americanas, ni había podido desintegrar a las comunidades herederas de las civilizaciones precolombinas. Pero ahora, era el liberalismo económico el que ambicionaba la tierra y el control de su fuerza de trabajo, por lo que la estrategia desde la manipulación de los marcos legales y desde la invasión paulatina y planificada se desarrolló por parte de liberales y conservadores por igual.
Ante esto, los pueblos indígenas y campesinos se levantaron en armas contra el despojo de sus territorios, mientras los gobiernos principalmente liberales, mediante compañías deslindadoras, trataban de usurpar tierras comunales y colectivas, y las oligarquías locales en cada región conformaban milicias particulares para imponer su ley, manipulando en la mayoría de los casos a los tres poderes de las repúblicas liberales. Entonces provocaron el estallido de auténticas rebeliones milenaristas y con revolucionarios programas políticos de reparto agrario; algunas de ellas fueron mal llamadas Guerras de Castas, pues eran verdaderas conflictos sociales.
Mientras tanto, en el resto del continente, donde había mayor densidad demográfica la presión social se encargaba de arrinconar a las culturas tradicionales y consolidar relaciones de subordinación que reciclaban la vieja sociedad de castas. En las regiones menos densamente pobladas como la Pampa o la gran llanura en Norteamérica se orquestaban auténticas campañas genocidas, de limpieza étnica para “abrir espacio” a los colonos europeos que llegaban en oleadas, desposeídos de tierra en sus lugares de origen y con la promesa de prosperidad en el Nuevo Mundo; las compañías mineras y ganaderas también estuvieron detrás de estas atrocidades.
Así, todo el siglo XIX cundió en guerras de resistencia y rebeliones indígenas y campesinas que la historiografía oficial ha procurado dejar en el olvido, sustituidas por los grandes conflictos entre liberales y conservadores, por la guerra de secesión en los Estados Unidos o por las intervenciones extranjeras en México. Pero en términos generales fue la reducción de los pueblos y comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes a una mínima expresión demográfica (excepto en el caso de los terceros), a los territorios marginados, a la extrema pobreza y a condiciones de explotación infames dentro de latifundios y haciendas, de fábricas y maquiladoras en manos de la oligarquía, la creciente burguesía americana y las compañías extranjeras. Fueron convertidos pues, en mano de obra barata al servicio del gran capital nacional y extranjero.
Aunque existen experiencias de éxito que hay que reconocer en las resistencias subalternas, resultan demasiado complejas para sólo mencionarlas aquí, así como compleja es la tarea de dar cuenta de ese panorama de resistencias y rebeliones decimonónicas por todo el continente, de los procesos de conquista de sus territorios llevados a cabo por los estados nacionales modernos –en una suerte de colonialismo interno–, y de las realidades sociales, políticas, económicas y culturales resultantes de los mismos. Pero lo cierto es que no sería la ultima vez en que los sectores sociales subalternos se organizarían para oponerse al sistema de explotación.
En México la segunda década del siglo XX sería el escenario para una nueva y gran insurrección popular, la llamada Revolución mexicana, la primera de las revoluciones sociales del siglo que, aunque “interrumpida” como ya lo ha señalado el gran historiador Adolfo Gilly (1971), pues el proyecto de reivindicación social profundo, emanado de los pueblos y enarbolado por caudillos como Zapata o Villa, fue desplazado por otras fuerzas e intereses que a la postre impedirían la consumación de la revolución como proceso de transformación socio-cultural y le convertirían en mero membrete del partido de Estado autoritario y corporativista que dominaría por más de un siglo al país.
Hoy, en pleno siglo XXI, no sólo no desaparecieron las profundas desigualdades e injusticias que detonaron el proceso revolucionario de 1910-1920, sino que se han profundizado en medio de gobiernos neoliberales que propiciaron narcogobiernos y una narcocultura que alimenta la narcoindustria (novedosa fase del capitalismo salvaje) diseñada, entre otras cosas, para esclavizar a la juventud con drogas, desvanecer sus sueños a cambio con proyecciones de hipermasculinidad y cosificación sexual de la mujer, y cosificarles como mano de obra desechable (ahora para los cárteles de la droga y el crimen organizado). Y en México, por su cercanía con los Estados Unidos y por la influencia que éste ejerce sobre la política del país, el fenómeno se ha convertido en la amenaza más seria para la juventud –particularmente para la que es marginal y de escasos recursos– y para la subsistencia del tejido social en todos sus niveles y estratos socioeconómicos.
Pero los pueblos y comunidades más empobrecidos del centro y sureste mexicanos, se han insurreccionado una vez más, ahora, para defenderse del crimen organizado, y frente a un gobierno progresista que se aleja cada vez más de las bases sociales que le impulsaron para llegar al poder político cuando eran un “partido-movimiento”. Tan sólo en este mes de diciembre de 2023, los comuneros del pueblo de Texcaltitlán al sur del Estado de México (https://lajornadaestadodemexico.com/se-rebelan-pobladores-de-texcaltitlan-contra-narco/), la provincia con los mayores índices de población, delincuencia organizada, feminicidios, corrupción, etc., etc., donde combatieron al grupo delictivo “Familia michoacana”, que les cobraban derecho de piso. El enfrentamiento tuvo un saldo de 14 muertos, entre ellos, un líder del grupo criminal; todo ello ante la incompetencia o indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Más tarde, a mediados de este mismo mes, más de cien comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán Ajuchitlán del Progreso, Técpan de Galeana y Heliodoro Castillo, se levantaron en armas para combatir y repeler a la misma organización delictiva (https://www.jornada.com.mx/2023/12/10/estados/021n1est), y una de las más importantes dentro del panorama grupos del crimen organizado y cárteles de la droga que se han apoderado de parte del territorio mexicano, extendiendo sus redes a nivel internacional. Entre los fallecidos por el enfrentamiento hubo un niño de 11 años. Las luchas entre pobladores (incluyendo mujeres, niños y ancianos) y fuerzas delictivas, fuerzas del orden público o grupos paramilitares ha sido una constante histórica en América Latina.
Por si fuera poco, desde hace ya varios meses las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), uno de los grupos guerrilleros mexicanos más importantes y más longevos de la historia, ha recibido nuevos ataques por parte de los grupos delincuenciales que, en complicidad con las autoridades del gobierno y partidos políticos, se dedican al trasiego de drogas y al tráfico de seres humanos desde Centroamérica, donde la selva del Petén (en Guatemala), la selva Lacandona y los Altos de Chiapas constituyen un enclave geográfico estratégico para estas redes. El saldo ha sido, además de varios muertos, la pérdida de 16 “juntas del buen gobierno” y 43 municipios autónomos.
El actual gobierno mexicano ha sido reconocido como un faro de la segunda ola del progresismo en América Latina, según lo han señalado intelectuales y pensadores como Juan Carlos Monedero; sin embargo, el pragmatismo político de sus cúpulas dirigentes, que reciclan políticos de los partidos de derecha, y la continuidad de las estructuras económicas neoliberales, así como del saqueo de los recursos naturales, no obstante que en su discurso hay un fuerte carácter nacionalista, ha creado una importante ruptura con los movimientos sociales y prontamente con las clases trabajadoras si no enmienda el curso de su actividad política y su proyecto de nación, y se decanta por enfrentar a los enemigos de clase.
[1] Investigador posdoctoral del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
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