Universitarios proponen inserción de talleres contra la violencia dentro de la malla curricular escolar

  • La Universidad Privada Antenor Orrego y la Nacional de Trujillo ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente.

Con la propuesta de insertar dentro de la malla curricular escolar talleres que ayuden a brindar una atención especializada en casos de violencia contra la mujer, los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) se hicieron acreedores al primer lugar durante el Debate Universitario que organizó la Defensoría del Pueblo en La Libertad.

Lo que buscan con la propuesta es concientizar a los escolares para que puedan hacerle frente a la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres desde pequeños y saber cómo actuar frente a casos de violencia.

Otra de las propuestas expuestas en el debate fue de alumnos también de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), el grupo que también pasó al final,  propuso promover concursos de proyectos de investigación para los estudiantes en etapa escolar respecto a temas de la violencia contra la mujer, el mismo que contaría con la participación de tutores, auxiliares y los propios estudiantes con el fin de que tengan un rol activo y proactivo en la sensibilización sobre violencia contra la mujer.

La jornada que duró dos días contó con la participación de 18 equipos de las carreras de Derecho, Administración, Ciencias de la Comunicación, Psicología y Contabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Universidad Católica de Trujillo (UCT), Universidad César Vallejo (UCV), Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y Universidad Privada del Norte (UPN).

La gran final se realizará en la ciudad de Lima el 7 y 8 de noviembre próximo, los  estudiantes universitarios que representarán a La Libertad competirán con otros equipos de otras regiones del país por la mejor propuesta.

Hay que indicar que las propuestas que no resultaron ganadoras han sido recogidas por la Defensoría del Pueblo para recomendar al Estado políticas públicas de lucha contra la violencia.

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