Trujillo: Beneficencia Pública cuenta con bonos agrarios por S/. 4 millones
Walter Ramos Barón, presidente de la Beneficencia Pública de Trujillo, dio a conocer que recientemente encontró en la caja fuerte de su institución, bonos de la deuda agraria por un valor de cuatro millones de soles, ante lo cual, ha tomado inmediatamente medidas para tramitar el cobro de dicho monto ante la entidad competente.
Esto fue detectado cuando, con presencia de notario público, se procedió a abrir la caja fuerte de la institución, ante información recibida que se debía contar con joyas donadas en años anteriores por filántropas, las que no fueron encontradas, por lo que se iniciaron las investigaciones del caso.
Sin embargo, respecto a la deuda que la Beneficencia tiene con el SATT, desde el año 2009, por concepto de limpieza pública, áreas verdes y seguridad ciudadana, refirió que el monto asciende a 3 millones 487 mil 279.92 nuevos soles, para lo cual se vienen tomando acciones administrativas que han permitido el sinceramiento de la deuda, reduciéndola en un 35%, e iniciando el proceso de pago de la deuda, evitando la cobranza coactiva
Esta información la dio a conocer esta mañana, tras un pedido que hizo el regidor provincial Roger Obeso Acevedo, con la finalidad que Walter Ramos se presente en una sesión extraordinaria del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, para exponer los detalles de sus 2 años de gestión.
INMUEBLES DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
Por otro lado, con respecto a los inmuebles que posee dicha institución, manifestó que cuenta con 145 unidades inmobiliarias, de las cuales el 55% están saneadas, el 13% parcialmente saneadas y el 30% no saneadas.
De ellas, 123 se encuentran arrendadas, 4 ocupadas por la propia Beneficencia, 6 por arrendar, 3 en proceso legal para desocupación, 6 precarias inhabitables no desocupadas, y 3 desocupadas e inhabitables.
En lo que concierne a la morosidad de los arrendatarios, dijo existe una deuda a favor de la Beneficencia por 290 mil nuevos soles, distribuidas en deudas desde los 2 meses hasta pasados los 2 años, y que se vienen arrastrando sin solución pronta, puesto que muchos de los procesos de cobranza se han judicializado y a pesar de haber ganado en la Corte Superior, se ha apelado a instancias superiores que todavía no resuelven al respecto.
