Todos los países de las américas, salvo  uno, tipifican como delito la difamación

Las denuncias por difamación es el mejor arma de los corruptos contra los críticos

El CPJ divulga estudio comparativo de las disposiciones penales sobre la difamación en las Américas

Lima, Perú, 2 de marzo de 2016-El alarmante resurgimiento del empleo de anticuadas disposiciones penales sobre la difamación para tomar represalias contra periodistas críticos en toda Latinoamérica representa un peligro para la libertad de expresión en la región, de acuerdo con un nuevo informe divulgado hoy por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton LLP, en colaboración con la Fundación Thomson Reuters.

El informe halló que 32 de 33 países de las Américas tipifican como delito la difamación mediante disposiciones que se invocan para castigar la disidencia y que crean un efecto inhibidor sobre el trabajo de los medios. Jamaica es el único país de toda la región que ha derogado completamente las disposiciones penales sobre la difamación.

«Pese al emergente consenso en el sentido de que las disposiciones penales sobre la difamación violan las normas internacionales en materia de libertad de expresión, el continuo empleo de tales disposiciones ha impedido las incisivas investigaciones periodísticas que son necesarias para un robusto debate en una sociedad libre y abierta», escribió en la introducción del informe Carlos Lauría, director de programa del CPJ y coordinador sénior del programa de las Américas.

Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y un conjunto creciente de opiniones jurídicas internacionales expresan con claridad que las disposiciones sobre la difamación pueden tener un efecto inhibidor sobre las expresiones al obstaculizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

El informe halló que varios países han logrado avances en la derogación de las disposiciones sobre la difamación. Por ejemplo, México ha despenalizado la difamación en el ámbito federal mientras que Argentina ha eliminado las disposiciones sobre la calumnia y la injuria en asuntos de interés público, según el informe.

Lauría presentó el informe en la capital peruana, Lima, hoy durante un panel de debate moderado por Juan Bellocq, gerente jurídico del programa Trust Law de la Fundación Thomson Reuters. Entre los panelistas figuraron Catalina Botero Marino, exrelatora especial de la OEA para la Libertad de Expresión; Roberto Pereira, abogado constitucionalista peruano y experto en temas de libertad de expresión con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); y José Leandro Reaño, socio del estudio de abogados Rodrigo, Elías & Medrano. El evento fue copatrocinado por el IPYS.

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