Personal de Sedalib intenta clausurar punto de agua en plazuela Raimondi
A pesar de que deuda se generó durante la anterior gestión municipal
A pesar de que la gestión municipal anterior generó una deuda con la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado Sedalib, personal de dicha empresa intentó ejecutar la clausura de un punto de agua en la plazuela Raimondi, cerca del Centro Histórico de nuestra ciudad.
Dicha labor se realizó durante las horas de la mañana y fue percatada por el alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, quien lamentó que existan intereses políticos de por medio, los cuales impiden la presencia de áreas verdes dentro de los diferentes espacios públicos del distrito de Trujillo.
Sin embargo, a pesar de habérsele indicado al operario de la empresa contratista que no ejecute el corte, en una primera instancia, éste; momentos después volvió hasta el lugar para continuar con dicho procedimiento por lo que mostró su indignación ya que existirían intereses que impedirían realizar un adecuado trabajo en lo que se refiere a las áreas verdes.
El tal sentido señaló que la gestión anterior haya permitido que la deuda con la empresa prestadora de servicios haya aumentado hasta ser casi impagable. No obstante, cuestionó que hasta la fecha no brindan detalles respecto a la utilización de terrenos de la comuna provincial para la instalación de sus pozos por lo que invocó a los directivos responder ante dichos cuestionamientos.
“El hecho de querer cerrar un punto de agua es atentar contra la población y eso es lo que acaba de ocurrir y es lamentable porque el principal perjudicado es la población trujillana que no puede disfrutar de un servicio adecuado de áreas verdes ya que atenta contra el ornato de la ciudad”, indicó la autoridad edil.
Por otra parte, el gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), Fernando Díaz Alarcón, lamentó que, durante una reunión, en la que participó el Defensor del Pueblo y el procurador municipal, representantes de Sedalib se hayan retirado de la mesa de trabajo aduciendo que no existiría un acuerdo hasta concretar un cronograma de pagos que permita reducir dicha deuda.
El funcionario además acotó que el procurador municipal dio a conocer un plan de pago hasta el año 2020. Sin embargo, hasta el momento no ha sido bien recibido por los directivos de la empresa de agua potable.
Finalmente señaló que habría solicitado a la Defensoría del Pueblo interceder ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la posibilidad de cobrar una tarifa social a fin de contar con áreas verdes en toda la ciudad.