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Comercialización de alcohol ilegal mueve millones y afecta recaudación tributaria


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• En nuestra región ilícito producto genera ventas por US$ 36 millones y tiene evasión fiscal de US$ 6 millones
Pese a que las consecuencias pueden ser fatales, la comercialización de alcohol ilegal en nuestra región no ha disminuido; por el contrario, continua creciendo y generando millonarias pérdidas tributarias. Así lo revela un reciente estudio del Instituto de Economía y Empresa (IEE), donde precisa que la venta de este producto “bamba” genera ventas por US$ 36 millones y una defraudación tributaria de US$ 6 millones.
Según esta institución, esto se da porque es un producto con un alto nivel de consumo, siendo preferido por personas de casi todas las edades. A ello se suma que existe poca regulación y control para frenar este comercio, tanto en fabricantes, distribuidores y consumidores, quienes optan por estos productos aun cuando sus consecuencias son peligrosas.
Pero esto no solo sucede en nuestra región. A nivel nacional, según un reciente estudio realizado por Euromonitor International, la venta de este producto generaría pérdidas fiscales por US$ 117 millones y mueva nada menos que US$ 726 millones. Y como para no creer, todo ello hace que la participación ilegal represente alrededor del 30 % del consumo nacional.
“Las principales formas de alcohol ilegal en Perú son el trago ‘bamba’, con graves riesgos para la salud de los consumidores, y el de contrabando, que genera una gran pérdida fiscal para el país. Estos dos tipos de alcohol ilegal representan el 87,3 % y tienen ventas anuales por US$ 726,4 millones, tanto dinero como lo que cuesta hacer 2.5 kilómetros de carreteras en el país”, precisa Euromonitor International.
La firma internacional informa que con los impuestos que dejan de pagar quienes venden alcohol ilegal en Perú, se duplicaría el presupuesto asignado por el gobierno para los subsidios de maternidad y lactancia beneficiando a 400 mil mujeres.
Finalmente, agrega que es una situación alarmante, puesto no solo representa una defraudación tributaria, sino también es un grave riesgo para la salud de los consumidores, por lo que es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto.

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